El Comité Intergremial de Buenaventura rechaza de manera categórica la continuidad de un mecanismo que, lejos de resolver los problemas del territorio, los agrava y pone en riesgo permanente la seguridad económica, alimentaria, jurídica y general de toda la población. Convertimos la ciudad en un objeto útil para satisfacer las exigencias de sectores particulares que actúan de manera autónoma, sin medir el daño que causan a quienes más dependen de este territorio.
El corredor vial se ha convertido en un escenario de bloqueos recurrentes impuestos por distintos actores. Lo que resultó alguna vez en una medida excepcional de presión se ha normalizado hasta volverse un paisaje recurrente de agresión contra la ciudad. Cada cierre produce pérdidas económicas cuantificables, desabastecimiento, crisis humanitaria para pacientes, estudiantes y trabajadores, y un deterioro sostenido de la competitividad del principal puerto del Paífico colombiano.
No se puede seguir aceptando que las decisiones autónomas de un sector pongan permanentemente en riesgo la vida y el bienestar de toda una ciudad. Cuando un grupo utiliza el bloqueo como herramienta de presión sistemática, no está ejerciendo un derecho: está causando un daño colectivo inaceptable. Rechazamos la utilización del territorio como instrumento de chantaje y exigimos que las autoridades competentes actúen con firmeza para ponerle fin.
Lo que está en juego no es solo la economía del puerto: es la seguridad alimentaria de miles de familias, la estabilidad jurídica de los negocios y las inversiones, la garantía de movilidad y atención médica para la ciudadanía, y la viabilidad misma del territorio como motor del desarrollo nacional. Desde el CIB creemos que este mecanismo no resuelve nada, por el contrario, crea más problemas de los que pretende resolver.
El Comité Intergremial de Buenaventura exige del Gobierno Nacional mayor responsabilidad, mayor celeridad y un compromiso real con este territorio. No basta con reaccionar cuando el daño ya está hecho. Se requiere presencia permanente, mecanismos de prevención efectivos y garantías concretas que protejan a Buenaventura de quienes la utilizan como ficha en sus negociaciones particulares.
Hacemos un llamado a las autoridades judiciales, a los entes de control y a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta posición: Buenaventura no es objeto de nadie. Es un territorio con derechos, con dignidad y con la determinación de no seguir siendo escenario de una agresión que ya se convirtió en costumbre.